quinta-feira, 17 de fevereiro de 2011

AMNISTÍA INTERNACIONAL

DECLARACIÓN PÚBLICA



Índice AI: AMR 51/096/2010



Estados Unidos: Amnistía Internacional pide que se revise el caso de

“los cinco cubanos”



En un informe enviado al gobierno estadounidense que ha hecho público hoy, Amnistía

Internacional resume sus motivos de preocupación sobre la imparcialidad del juicio contra cinco

hombres declarados culpables en 2001 de actuar como agentes de la inteligencia cubana y

cargos afines. Los cinco cumplen penas de entre 15 años de cárcel a cadena perpetua en

prisiones federales estadounidenses.



Los cinco condenados

—Fernando González, Gerardo Hernández y Ramón Labañino, nacionales

cubanos; y los nacionales estadounidenses Antonio Guerrero y René González— fueron juzgados

en Miami y declarados culpables de varios delitos, como actuar y conspiración para actuar como

agentes de la República de Cuba no inscritos oficialmente, fraude y uso indebido de documentos

de identidad y, en el caso de tres de ellos, conspiración para transmitir información sobre la

defensa nacional. Gerardo Hernández fue declarado culpable también de conspiración para

asesinar, por su presunto papel en el derribo por Cuba en 1996 de dos aviones de la

organización anticastrista estadounidense Hermanos al Rescate, en el que murieron cuatro

personas.



En una carta dirigida al fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, el 4 de octubre, con la

que se adjuntaba el informe —The Case of the ‘Cuban Five’, Índice AI: AMR 51/093/2010—,

Amnistía Internacional afirmaba que, al mismo tiempo que no adoptaba una postura sobre la

culpabilidad o inocencia de estos cinco hombres respecto de los cargos que se les imputaban,

consideraba que existían dudas sobre la justicia e imparcialidad del juicio, que no se han

resuelto en la apelación.



Un motivo de preocupación fundamental y subyacente relativo a la imparcialidad es el que

suscita la celebración del juicio en Miami, habida cuenta de la hostilidad dominante hacia el

gobierno cubano en esa zona y de los actos de los medios de comunicación y de otro tipo

celebrados antes y durante el juicio. Como expone en su informe Amnistía Internacional, hay

datos que indican que estos factores hicieron imposible garantizar un jurado totalmente

imparcial.



También suscitan preocupación ciertas cuestiones sobre la solidez de las pruebas en las que se

basó la declaración de culpabilidad del delito de conspiración para asesinar en el caso de

Gerardo Hernández, así como las circunstancias de la prisión preventiva de los cinco

encausados, durante la cual tuvieron un acceso limitado a sus abogados y a documentación, lo

que podría haber menoscabado su derecho a la defensa.

Amnistía Internacional ha pedido al gobierno que revise el caso y palíe las injusticias que

puedan haberse cometido mediante el procedimiento de indulto u otros medios apropiados, si las

apelaciones judiciales resultan inefectivas.

Amnistía Internacional también ha reiterado su preocupación por la repetida denegación por el

gobierno estadounidense de visados temporales a las esposas cubanas de dos de los presos,

René González y Gerardo Hernández, con el fin de visitar a sus maridos. A la organización le

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preocupa que esta prohibición total o permanente de visitas de sus esposas constituya un castigo

adicional y sea contraria a las normas internacionales sobre un tratamiento humano de los presos

y de la obligación de los Estados de proteger la vida familiar. Amnistía Internacional sigue

instando al gobierno a que conceda visados temporales a las esposas por motivos humanitarios.



Más información complementaria:



Los cinco presos fueron detenidos en Miami en 1998. No han negado que actuaran como

agentes para el gobierno cubano; sin embargo, sí han negado los cargos más graves formulados

en su contra y han sostenido que su función era dedicarse a los grupos de exiliados cubanos en

Miami responsables de actos hostiles contra Cuba y no vulnerar la seguridad nacional

estadounidense. Durante el juicio no se presentó ninguna prueba que demostrase que los

acusados hubieran manejado o transmitido realmente información clasificada.



En mayo de 2005, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU adoptó una

opinión sobre el caso en la que concluía que el gobierno estadounidense no había garantizado a

los cinco cubanos un juicio con las debidas garantías, tal como prevé el artículo 14 del Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Grupo de Trabajo fundamentó su opinión en

varios motivos, entre ellos el impacto perjudicial de celebrar el juicio en Miami. También declaró

que las circunstancias de la prisión preventiva de los acusados y la clasificación inicial de todos

los documentos del caso de “secretos” redujo las posibilidades de una defensa adecuada y

menoscabó el equilibrio entre la acusación y la defensa.



En agosto de 2005, una sala de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 11º. Circuito anuló

por unanimidad las declaraciones de culpabilidad de los cinco encausados, declarando que los

prejuicios dominantes de la comunidad en Miami contra el gobierno de Castro se habían unido a

otros factores para menoscabar su derecho a un juicio con las debidas garantías. El gobierno

estadounidense apeló contra la resolución, que fue revocada posteriormente por el plenario de la

corte de apelación por 10 votos frente a dos. Sus declaraciones de culpabilidad fueron

confirmadas por la corte de apelación en junio de 2008, aunque las condenas a cadena perpetua

impuestas a dos de los encausados fueron anuladas y posteriormente reducidas. Gerardo

Hernández es el único de los cinco enjuiciados que aún cumple cadena perpetua (fue condenado

a dos penas de cadena perpetua). En junio de 2009, la Corte Suprema denegó una petición para

iniciar los trámites de un recurso contra las declaraciones de culpabilidad de los cinco presos sin

dar ningún motivo.



En junio de 2010 se presentó una nueva apelación ante la corte federal de primera instancia,

basada, en parte, en pruebas recién descubiertas de que los periodistas que habían escrito

artículos y comentarios perjudiciales sobre el caso cuando se celebraba el juicio eran empleados

a sueldo del gobierno estadounidense que trabajaban para medios de comunicación

anticastristas en Estados Unidos. Aún no se ha celebrado ninguna vista de la apelación.

Si desean más información, consulten USA:

 The Case of the ‘Cuban Five’, Índice AI: AMR

51/193/2010, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/093/2010/en

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