Por Miguel Lozano
La Habana (PL) Una iniciativa para limitar los viajes de los cubanos residentes en Estados Unidos a su país de origen moviliza hoy a esa comunidad, que ve amenazada nuevamente la relación con su familia luego de un período de algunas flexibilizaciones de los vínculos.
La propuesta, en debate en el Congreso, también muestra una emigración dividida, aunque usualmente es presentada como grupo homogéneo, con la existencia de un sector que denuncia públicamente el trasfondo de intereses económicos en la política anticubana.
El pasado 9 de julio en Miami, pese a ser una ciudad por años considerada capital de la contrarrevolución cubana, representantes del sector opuesto a la limitación de los vínculos con sus familiares reunieron una caravana de más de 100 vehículos.
La demostración fue convocada por la Asociación de Mujeres Cristianas en Defensa de la Familia, parte de la Alianza Martiana, coalición normalmente obviada por la prensa de Miami.
Aunque manifestaciones de este tipo han sucedido antes, es evidente la irritación en parte de esa comunidad por la propuesta del congresista Mario Díaz-Balart para restringir los viajes y reducir el envío de remesas de dinero a los familiares a límites insignificantes.
En opinión de algunos como Andrés Gómez, fundador de la Brigada Antonio Maceo -integrada por cubanos sacados de su país siendo niños- la iniciativa haría regresar a 2004 las relaciones con su familia en Cuba.
Ese año el entonces presidente George W. Bush impuso férreas limitaciones a los viajes y remesas, revocadas en 2009 por Barack Obama, aunque permanecieron las prohibiciones para estadounidenses.
Estas restricciones de viaje volverían a prohibirnos ver, compartir y ayudar a nuestros seres queridos en Cuba, explicó Gómez en declaraciones telefónicas a un reportero de Prensa Latina mientras participaba en la caravana.
En los análisis sobre los motivos de Díaz-Balart para presentar su propuesta predomina el criterio que se trata de una maniobra para garantizar el respaldo del lobby anticubano,durante años representante visible de toda esa comunidad.
Su lógica se basa en el predominio de la derecha entre los voceros de ese segmento, pese a que muchos consideran existe una mayoría silenciosa a favor de la normalización de relaciones con Cuba, más allá de las discrepancias políticas.
Representantes de ese sector critican a Díaz-Balart por sacrificar intereses familiares de los cubanos en aras de respaldo político y económico para fines personales.
Este debate marcha parejo a otro, llamado por un comentarista de Miami que firma como El Duende "El pugilato por los 20 millones", en referencia a esa cantidad de dólares que se pretende destinar a estimular grupos subversivos en Cuba.
El congresista Bob Menéndez impulsa la iniciativa e incluso se opone al recorte a 15 millones que se dice aceptaría el demócrata John Kerry, critico de la propuesta por el fracaso del financiamiento de la contrarrevolución, con el pretexto de presuntamente promover democracia.
En realidad, se trata de una partida que elevaría a 41 millones de dólares anuales el financiamiento anticubano aprobado, pues en junio fueron destinados ya 21 millones dólares a ese fin.
En conjunto, las dos iniciativas ilustran el concepto de la política anti-cubana de Estados Unidos.
El hecho es que mientras se pretende limitar los viajes y la entrega de recursos familiares se proyecta incrementar el financiamiento de otro sector con el dinero público estadounidense.
Precisamente, es la pista del dinero la que para los estudiosos ofrece la mejor explicación de la insistencia en esta política, pese a su fracaso por más de medio siglo.
Un estudio difundido por Walter Hickey en la publicación OpenSecrets advierte que comités anti-cubanos mantienen bajo su influencia a políticos estadounidenses mediante un activo lobby que financia a quienes se oponen al gobierno cubano.
Según la investigación del Center for Responsive Politics reseñada por Hickey, en 2009-2010 esos comités de acción política donaron más de tres millones de dólares para campañas parlamentarias en el país.
Precisamente el senador Bob Menéndez fue el principal receptor con 112 mil 500 dólares, de acuerdo con la investigación, lo cual ayuda a explicar su intransigencia en la adjudicación de los 20 millones de dólares, detenida desde el 1 de abril por las objeciones de Kerry.
Según El Duende, uno de los puntos más polémicos es si se hace público el nombre de organizaciones y personas receptoras del dinero o se mantiene el secreto con el argumento de preservar la seguridad de los beneficiados.
El punto es de suma importancia -opina- porque no pocos piensan que hay algo podrido, incluyendo versiones que parte del dinero está destinado a periodistas y medios de comunicación de Miami.
Coincidentemente Kerry propone revisar esos programas y establecer auditorías para saber el destino final de los dólares.
Es fácil deducir que muchos de esos dólares quedan en manos de políticos radicados en Miami, pues se entregan a contratistas privados sin supervisión del Congreso.
Ya en 2006 una auditoría de la Oficina General de Contabilidad del Congreso detectó anomalías en la supervisión de los programas de la Agencia estadounidense de ayuda al desarrollo (USAID en inglés) que, a su juicio, aumentaban el riesgo o las posibilidades de fraude.
Entre los descubrimientos estuvo el dinero repartido en grupos en Miami, que lo utilizaron para compras de artículos suntuarios, entre ellos abrigos de cachemira imposibles de usar en Cuba por la temperatura habitual, latas de carne de cangrejo, chocolates Godiva y otros artículos.
Según estudios, sólo los programas desde 1990 para la USAID alcanzan 150 millones de dólares, cifra que habla de la ineficacia en el empleo del dinero del contribuyente estadounidense.
em/ml |
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